martes, 17 de noviembre de 2009
Fallece el Profesor Hans-Heinrich Jescheck
martes, 4 de agosto de 2009
I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores Ciencias Penales
Conscientes de la necesidad de que el investigador en Ciencias Penales participe activamente en el debate jurídico-penal tanto a través de su asistencia a Congresos como a través de la presentación de ponencias que aporten a dicho debate, la Universidad de Salamanca, a través de Ciencias de la Seguridad (CISE), del Área de Derecho penal, pretende generar espacios para tales fines. Por ese motivo tienen planeado realizar un curso extraordinario para el mes de octubre de 2009 en el que participarán como conferencistas, jóvenes investigadores que hayan defendido su tesis doctoral dentro de los últimos cuatro años y los doctorandos de Ciencias Penales que hayan obtenido el Diploma de estudios avanzados de diferentes Universidades españolas.
La comisión académica, seleccionará las ponencias que participarán en dichas jornadas y que deberán ser remitidas antes del 30 de junio de 2009.
Más información:
Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca. Tel: 923 294 400 ext. 1639 Fax: 923 294 516 Web: http://campus.usal.es/~dpenal/paginas/sublinks/congreso.html
miércoles, 27 de mayo de 2009
La exención de responsabilidad penal en el delito fiscal
Regulan los citados artículos, que quedarán exento de responsabilidad penal quienes regularicen su situación en los casos en que se haya defraudado más de 120.000 euros, lo que supone la comisión de Delito Fiscal y, por tanto, conlleva fuertes sanciones económicas de ámbito penal e, incluso, la cárcel y sus penas suplementarias.
En el texto se rebate la doctrina jurídica generada desde la entrada en vigor de la actual Ley General Tributaria (LGT), de cuyo articulado algunos juristas extraen una definición legal que para la Fiscalía es contraria a la del Tribunal Supremo.
El origen de la cuestión, por lo tanto, está en la interpretación que se hace sobre la utilización por el legislador penal del término ‘regularización’. Basa la Fiscalía sus argumentos en la vinculación que el término tiene en la definición de la Real Academia con la teoría de la reparación. Además, aporta numerosas citas de sentencias en las que el Supremo se ha manifestado. Para quienes quieran acceder a estas referencias, es posible citar la sentencia del Tribunal Supremo 192 de 1 de febrero de 2006, 636 de 30 de mayo de 2003, 539 de 30 de abril de 2003 o la 1336 de 15 de julio de 2002.
En caso de deudas contributivas derivadas de cuotas tributarias o de la Seguridad Social presuntamente defraudadas en cuantía superior a los 120.000 euros, resultan de aplicación los artículos 180 de la LGT, 3.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y 5 del Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones en el Orden Social, correspondiendo a la jurisdicción penal la decisión sobre si concurren o no los requisitos penalmente exigibles para la apreciación de las excusas absolutorias.
Concluye el informe, que para quedar exento de responsabilidad penal por un Delito Fiscal, es necesario presentar primero una autodenuncia ante la Hacienda Pública correspondiente o en las oficinas de la Seguridad Social y, después, reparar el perjuicio patrimonial inflingido a las arcas públicas. Todo ello, como regula el Código Penal, previamente a la comunicación sobre el inicio de un proceso de inspección o a la denuncia o presentación de una querella por el fiscal o el abogado del Estado de la Seguridad Social.
Descarta la Circular que sirva solo una de estas actuaciones, pues, de acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 21 del Código Penal únicamente servirán como atenuante en el proceso judicial. En el caso del pago de la deuda defraudada por conducta reparadora y en la autodenuncia por confesión.
Considera que en el caso del pago sin autodenuncia, se debe graduar la atenuante atendiendo a la voluntariedad de la conducta reparadora y a las posibilidades y esfuerzo efectuado por el contribuyente para subsanar los perjuicios derivados de su acción. Es decir, que cuanto más dinero defraudado se devuelva más consideración se tendrá con el enjuiciado.
En el caso de la solicitud de devoluciones indebidas, la denuncia previa a la percepción es suficiente para eliminar la responsabilidad.
Las especiales características de los procedimientos concursales hacen que el funcionamiento de algunos preceptos legales queden matizados y se modifiquen las obligaciones tributarias. Es necesario tener mucho cuidado en estas situaciones para no incurrir en errores de procedimiento que puedan, además de la falta de cobro, producir disgustos con Hacienda.
Un dato a tener en cuenta es que no puede modificarse la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), según regula el artículo 80.Cuatro de la Ley del tributo cuando, respecto de los créditos controvertidos, se haya dictado auto de declaración de concurso, sino por el procedimiento del art. 80.Tres.
Este art. 80 de la Ley del IVA junto al art. 24 de su Reglamento establecen los requisitos y procedimientos a seguir y comunicaciones a realizar para llevar a cabo la modificación de la base imponible del IVA en situaciones de impagos, incluidos los concursales. Estos últimos, con sus requisitos y plazos diferenciados del resto de supuestos regulados en dichos preceptos.
Equipo jurídico de Datadiar.com
martes, 31 de marzo de 2009
Una condena llamada internamiento
Pedro Simón | Madrid
Serán parados por la calle y se les enviará al fondo de la sala. Se les darán mil vueltas de gallinita ciega y se tapiará la salida del laberinto. Echarán la llave y los guardianes se comerán el candado porque así lo permite la ley.
Sin ruido ni voces en contra, el Gobierno ha abierto ya la vía legal al internamiento de clandestinos en España hasta año y medio. Aunque el artículo 62 del anteproyecto de la Ley de Extranjería aumenta los 40 días actuales de estancia en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a 60, lo cierto es que una excepcionalidad que recoge el mismo precepto consagra la eternización de su reclusión, a imagen y semejanza de la directiva de la vergüenza que le saca los colores a Europa.
Dice así: "El cómputo del plazo quedará suspendido mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo o de habeas corpus iniciados. Igualmente procederá dicha suspensión en caso de enfermedad del extranjero o por otras causas no imputables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España".
Hasta ahora el Gobierno había vendido como titular de su reforma la consabida e "inevitable" ampliación a dos meses de la permanencia bajo vigilancia policial de los sin papeles. Pero el Grupo Inmigración y Sistema Penal (integrado por magistrados, jueces, fiscales, profesores y abogados) ha cavado hondo, ha traducido la letra pequeña y ha dejado al aire las cañerías de una norma que amenaza con quebrar el sueño de los que llegan encerrándolos sin fecha de caducidad.
El documento tiene 18 páginas, pretende modificar el plan del Gobierno en la tramitación parlamentaria y tilda el anteproyecto de "intolerable retroceso en los derechos de los extranjeros y en nuestro Estado de Derecho". "A diferencia de la actual regulación», concluye, «la propuesta permite que el plazo de 60 días se prolongue sin límite en determinadas circunstancias".
Las determinadas circunstancias a las que alude el informe son tres, los tres senderos que llevan a una pena infinita y berlusconiana. Que se lo digan al maliense Babou. Que se lo digan al boliviano Juan.
Los críticos al anteproyecto creen que internar sine die "mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo y de habeas corpus" conlleva "sancionar el ejercicio de dos derechos reconocidos por nuestra Constitución". En segundo lugar, hacerlo por enfermedad "supone una discriminación intolerable por razones de salud", como si al preso no se le computase el tiempo de privación de libertad mientras estuviese convaleciente. Y finalmente, está la última excepción, la que abre todos los cepos y tiende todas las celadas: suspensión del internamiento "por otras causas no imputables a la Administración que dificulten su salida de España".
De salir adelante la norma como está, se condenaría a la prolongación del encierro vigilado "en casi todos los supuestos en que concurran dificultades para emitir o hacer efectiva una orden de expulsión". La casuística que cabe en este cesto es demolera. Al clandestino se le congelaría el contador de días, pongamos por caso, porque se desconociera su nacionalidad, porque no hubiera convenios de extradición con su país de origen o porque éste no proporcionara la documentación necesaria.
'Dormía en el suelo porque en la celda éramos 12'
En Mali era vendedor de zapatos y aquí llegó a vigilante de obra nocturno, la vida a oscuras dentro de una caseta, durmiendo y echando las cuentas de la lechera a solas bajo la vía láctea. Hasta que se hizo pedazos el cántaro. Menudo sueño.
"Me paró la Policía por la calle y estuve 17 días en el CIE. No había hecho nada pero me metieron allí dentro... En la habitación había camas para ocho y en la mía éramos 12. Yo dormía en el suelo", recuerda. "No puedo entender que ahora quieran meter a la gente hasta 18 meses en un sitio como ese. Eso no lo puede aguantar nadie, es imposible, no es bueno, no es bueno".
Llegó a Tenerife en un cayuco con 84 personas cagadas de miedo. Dos años y medio después, tiene la ropa seca, pero es el mismo náufrago con sólo arena entre los dedos. No hay trabajo, no hay familia, no hay futuro. Padre ya le ha dicho que no pasa nada, que vuelva. Se lo viene diciendo desde hace meses: "No te preocupes, estamos aquí, ven, hijo, ven".
"Si no tengo trabajo me voy. Ahora estoy haciendo un curso de jardinería. No valgo para estar parado". Si regresa, dejará atrás a su novia brasileña, el maletín de sueños y esa niña a la que no abrazó.
Se trata de la bebita de una de las dos mujeres ecuatorianas que le tienen alquilada la habitación. Tiene casi un año. Babou procura no hacerle caso a la pequeña. Ni cuando le hace una pedorreta. Ni cuando le va con el elefante de colorines.
Babou lo aclara: es que no se quiere encariñar.
'Me pegaron una paliza por coger la manta de un deportado'
Pasaba un día y otro día y el padre no aparecía por casa. Así que la madre decidió llevar al pequeño Cristian, de 11 años, al centro de internamiento donde estaba papá. Para que le corrigiera los deberes y le hiciera el caballito. Tenían ocho minutos por delante, lo que manda un reglamento bruñido en hierro.
�¿Qué estás haciendo aquí dentro, papi?
�Estoy haciendo unos cursos no más, para el trabajo.
�¿Y por qué están estos policías?
�Para vigilar que no entre nadie malo a molestarnos, hijo.
El pequeño se fue a casa y presumió en el cole de que su padre trabajaba con la Policía. Papá estuvo en el trabajo hasta 40 días.
"Allí no se puede estar tranquilo. Los policías te sacan a gritos y a golpes, te desnudan. Duchan en agua fría a los que se portan mal. A los que son de mi país nos dicen sudacas de mierda y cosas así", señala Juan, casado y con dos hijos. "Un día me dieron una paliza dos agentes. Porque cogí una manta. Es verdad que no era mía. Era de un deportado. Pero tenía frío".
"El bebé tenía cuatro meses cuando me encerraron. Yo tenía una tristeza bárbara y lloraba... La gente no va a aguantar 18 meses dentro. El ministro Rubalcaba tiene que ser más flexible con los sin papeles. Porque nosotros hemos venido a trabajar honradamente", comenta. ¿Y mañana? "Me quedé sin trabajo. Tengo hijos y no me alcanza para la leche ya. De seguir así nos volvemos a final de año. Qué se le va a hacer".
Podéis ver el vídeo en: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/13/espana/1236973607.html
lunes, 30 de marzo de 2009
El TSJIB pone en marcha un sistema digital pionero para agilizar trámites y mejorar la coordinación entre jueces
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) será el primero de España en gestionar su funcionamiento a través de un sistema digital pionero que permitirá agilizar trámites internos y mejorar la coordinación entre los distintos jueces y magistrados, y que prevé ir extendiéndose al resto de instancias judiciales de las demás Comunidades Autónomas antes de verano de 2010.
Así lo señaló, durante la presentación del proyecto, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien apuntó que la iniciativa, cuyo desarrollo e implantación en las islas ha supuesto un coste de 300.000 euros, es el "primer escalón" en el proceso de modernización de la gestión judicial a fin de lograr un funcionamiento "más sencillo, ágil y eficiente".
En concreto, la nueva aplicación posibilitará la gestión integral de la Sala de Gobierno del TSJIB, dando soporte tanto a la Secretaría de Gobierno como a los secretarios coordinadores. Además, conllevará la incorporación del expediente electrónico y los sistemas de clasificación documental, de modo que se podrán eliminar documentos en papel, al tiempo que los miembros de la Sala de Gobierno podrán trabajar en red y disponer de información en cualquier lugar y hora.
Asimismo, además del ahorro de costes, el denominado sistema de gestión gubernativa será un "elemento clave", resaltó De Rosa, para la coordinación entre los Tribunales Superiores de Justicia y el CGPJ, lo que redundará en un "mejor" intercambio de información así como en un funcionamiento más ágil. También evitará duplicidades y sistemas fragmentados que impidan la comunicación entre las Comunidades Autónomas.
Tal y como agregó el vicepresidente del CGPJ, la digitalización de los procesos internos judiciales, cuya implantación en cada región tendrá un coste medio de 60.000 euros, contará con sistemas de seguridad capaces de salvaguardar la confidencialidad, la autenticidad y la integridad de la información. No obstante, el proyecto no afectará a la agilización de los procedimientos judiciales sino a la modernización interna de los tribunales.
Por su parte, el presidente del máximo órgano judicial de Baleares, Antoni Terrassa, destacó que se trata de un "paso significativo para la modernización de la justicia", mientras que los vocales territoriales de Baleares, Antonio Montserrat y Carles Cruz destacaron que las islas "quieren ser pioneras en este proceso" y evitar "dar la imagen penosa que se ofrece de los juzgados".EL CGPJ designa al toledano Juanes presidente de la Audiencia Nacional y nombra otros 16 altos cargos judiciales
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy, con el voto de 11 de sus vocales, designar al magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Ángel Juanes, natural de San Pablo de los Montes (Toledo) como nuevo presidente de la Audiencia Nacional.
El actual presidente en funciones, Carlos Lesmes, obtuvo el apoyo de los nueve vocales conservadores -designados a propuesta del PP-, mientras que la magistrada de lo Contencioso de la Audiencias Nacional, Elisa Veiga, obtuvo un solo voto, según informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Antes de tomar esta de decisión, los 20 vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Dívar, avalaron el contenido de un informe elaborado por el secretario de este órgano que defendía la procedencia de que Juanes pudiera optar el cargo pese a poseer una categoría superior a la exigida para el mismo, al tratarse de un magistrado del Tribunal Supremo.
Además de Lesmes y Veiga, otros dos candidatos se jugaban hoy alcanzar la presidencia de la Audiencia Nacional -el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, Ignacio Espinosa; y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez-, aunque ninguno de ellos obtuvo ningún apoyo. Estos dos últimos no habían sido propuestos por la Comisión de Calificación del CGPJ, sino por otros vocales en función de la potestad que les otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fuera del debate celebrado hoy en el Pleno quedaron otros magistrados que aspiraban al cargo: el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el que fuera el presidente de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, Alfonso Guevara y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de de este órgano José Luis Sánchez (de lo Contencioso de la Audiencia).
La Presidencia de la Audiencia Nacional quedó vacante tras el nombramiento de Carlos Dívar al frente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 24 de septiembre. Desde entonces ejerce la Presidencia en funciones el presidente de Sala más antiguo de este órgano, Carlos Lesmes.
Juanes, que hasta ahora formaba parte de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, nació en 1947 y sus primeros destinos fueron los juzgados de Instrucción de las localidades de Don Benito y Mérida , en Badajoz (entre 1978 y 1980), posteriormente ocupó el Juzgado número 3 de San Sebastián, volvió a Badajoz en 1983 -esta vez como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la citada capital extremeña-, y posteriormente ocupó plaza de magistrado en las audiencias provinciales de Cáceres y Badajoz. En 1994 obtuvo plaza en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de allí pasó al Supremo a finales de 2003.
SIN ACUERDO
El Pleno no logró alcanzar la mayoría necesaria de 13 votos para designar al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) entre los tres aspirantes que optaban al cargo (María Victoria Cinto, el actual presidenFernando Ruiz-Piñeiro y Jaime Tapia), por lo que el órgano de gobierno de los jueces se ve obligado a sacar a concurso de nuevo esta plaza, al igual que una vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (por el turno de juristas de reconocido prestigio, por jubilación de Enrique Bacigalupo), para la que tampoco se obtuvo el acuerdo necesario, según precisaron fuentes del CGPJ.
Por el contrario, y tras una maratoniana sesión que se extendió durante la mañana y la tarde, los vocales lograron pactar otros nombramientos en el Supremo. Así, Alberto Jorge Barrero obtuvo plaza en la Sala de lo Penal; José Antonio Montero , Isabel Perelló y Juan Carlos Trillo en la de lo Contencioso-Administrativo; María Lourdes Arastey en la de lo Social y Benito Gálvez en la de lo Militar.
Igualmente, se acordó proveer las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Aragón (Fernando Zubiri), Asturias (Ignacio Vidau), Extremadura (Julio Márquez de Prado), Navarra (Juan Manuel Fernández Martínez); y las de las audiencia provinciales de Zamora (Luis Brualla), Guadalajara (Isabel Serrano), Vizcaya (Ángel Gil Fernández), Pontevedra (Francisco Javier Menéndez), Jaén (Elena Arias Salgado), y una plaza vacante de magistrado en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Felisa Vidal).
martes, 24 de marzo de 2009
Aborto.- Hoy se lleva a Consejo de Ministros el informe que recomienda aborto libre en las primeras 14 semanas
Hoy se lleva a Consejo de Ministros el informe del Comité de Expertos, equipo de personas que asesora al Gobierno sobre la reforma de ley del aborto, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, según anunció ayer en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
En el texto del grupo de expertos se plantea ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación.
Según explicó uno de los expertos, el doctor Javier Martínez Salmeán, la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser "libre e informada". "Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida", añadió.
"PARTO INDUCIDO" CON MÁS DE 22 SEMANAS
Asimismo, señaló que por encima de las 22 semanas no se estaría hablando de aborto, sino de un parto inducido en el entorno de la medicina perinatal. En el caso de malformaciones incompatibles con la vida y que se han diagnosticado más allá del límite de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.
Por otra parte, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que "en ningún caso" las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "podrán ser castigadas con penas de prisión".
Según la jurista María Duran, la propuesta de los expertos pasa por la despenalización del aborto para la mujer y por atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión. En este sentido, la ministra Aído afirmó que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel". Sin embargo, añadió que se perseguirán los abortos "no consentidos e ilegales".
ABORTO SIN AUTORIZACIÓN A PARTIR DE LOS 16 AÑOS
Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal". En todo caso, matizó que se trata de "una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno".
Por otra parte, plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.
Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad. En este punto, Martínez Salmeán defendió la dispensa de la píldora postcoital sin necesidad de receta médica y de preservativos gratuitos.
AÍDO: "TAMBIÉN SE TRATA DE PROTEGER AL NO NACIDO"
Según la titular de Igualdad, con la reforma no se pretende hacer "una ley más permisiva, sino una ley más segura". "Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos", añadió.
También afirmó que la ley pretende proteger la vida del no nacido, "cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad". Con todo calificó la futura legislación en materia de aborto como "moderna, equilibrada y necesaria" al tiempo que añadió que con ella "no perderá nadie y ganarán todos".
"CRITERIOS FUNDAMENTALISTAS"
Ante las voces críticas que han surgido en torno a la iniciativa del Gobierno, Aído afirmó que el Ejecutivo "no puede seguir en ningún caso criterios fundamentalistas de ninguno de los extremos". "Un gobierno responsable tiene la obligación de proponer normas para toda la ciudadanía, de encontrar equilibrios", agregó.
Asimismo, agregó que "nadie quiere que la tendencia de embarazos no deseados se consolide" al tiempo que aclaró que la solución "no es la IVE". "Queremos menos intervenciones y más garantías, no más intervenciones y menos garantías como sucede hoy", agregó.
El anteproyecto de ley se presentará antes del verano, según anunció la ministra de Igualdad, que destacó que hoy hace seis meses y un día que fue anunciada la comisión de expertos que ha analizado en cinco sesiones conjuntas la legislación internacional sobre la IVE para elaborar su informe.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE EXPERTOS
En la rueda de prensa de presentación del equipo de trabajo, el pasado mes de septiembre, Aído destacó el "alto nivel científico e intelectual" del Comité de Expertos, mientras que las organizaciones pro vida denunciaron "la falta de pluralidad" del grupo porque "todos los miembros son destacados proabortistas".
El comité está compuesto por: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Donat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.
Como representantes del Gobierno, también formaron parte José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del Ministerio de Justicia; José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.